En principio soy bastante contrario a que las plataformas digitales intervengan en los contenidos de los usuarios. Entendiendo que son más parte más que juez. Exigirles que sean juez y parte no parece una buena idea.
Luego está el tema de la libertad de expresión, la censura y la amenaza de ella que provoca la autocensura de los usuarios. Y para rematar tenemos las condiciones de uso de estos servicios, la mayoría gratuitos.
Está claro que todos defendemos la libertad de expresión cuando se trata de uno mismo. Con la libertad de expresión ajena ya tenemos más reservas, pero la mayoría están de acuerdo con garantizarla.
Y para cerrar el círculo, la mayoría tenemos claro que hay determinadas cuestiones que no se pueden amparar en la libertad de expresión. Entre ellas la violencia o incitación a la violencia.
En lo que tiene que ver con la incitación, de especial manera cuando se traduce de forma efectiva, directa e inmediata. Así pues, si alguien incita a dar un golpe de estado y dos horas después se moviliza e intenta, es lógico que se intervenga, se censure y se suspenda el perfil.
Esto no tiene que ver con la libertad de expresión. Es una cuestión básica que infringe las condiciones de servicio de, seguramente, todas las plataformas digitales. Casos como éste se dan a diario por miles. Pero que sea el presidente de un país democrático llama la atención.
