Un horizonte lleno de fascistas

Lo verdaderamente inquietante del fascismo contemporáneo no es que haya regresado, sino la facilidad con la que está encontrando acomodo en sociedades que se consideraban suficientemente maduras como para no volver a tolerarlo. Cualquier persona con convicciones democráticas debería sentirse no solo preocupada, sino también amenazada por el escenario que se está configurando. No porque todos los gobiernos estén a punto de convertirse en dictaduras ni porque la historia vaya a repetirse exactamente, sino porque algunas de las ideas que hicieron posibles las peores experiencias políticas del siglo XX están recuperando legitimidad social. Y lo hacen, además, con una naturalidad desconcertante, como si la intolerancia, el desprecio por las instituciones, la deshumanización del adversario y la fascinación por los dirigentes autoritarios fueran simples preferencias políticas dentro de un mercado de opiniones igualmente respetables.

Donald Trump representa probablemente la expresión más grotesca y, por eso mismo, una de las más peligrosas de este fenómeno. Es una especie de tractor errático del autoritarismo, una combinación de ignorancia, narcisismo y agresividad política que resulta difícil de anticipar porque ni siquiera parece responder siempre a una estrategia coherente. Su comportamiento puede parecer el de un mono con una metralleta, pero sería un error confundir esa apariencia de estupidez con la ausencia de consecuencias o de un proyecto político a su alrededor. Trump puede actuar impulsivamente, pero buena parte de quienes le acompañan saben perfectamente lo que quieren. Mientras él convierte la política en un espectáculo de humillación permanente, otros trabajan sobre los mecanismos mucho menos vistosos que permiten concentrar el poder, debilitar los contrapesos institucionales y transformar derechos que parecían consolidados en concesiones administrativas sujetas a la voluntad del gobernante.

La reciente decisión de un juez federal estadounidense de bloquear multas de hasta 1,8 millones de dólares contra inmigrantes que no habían abandonado el país tras recibir órdenes de deportación ilustra hasta qué punto la arbitrariedad puede convertirse en una herramienta de gobierno. Según Reuters, la Administración Trump había emitido más de 103.000 sanciones por un importe acumulado de unos 84.000 millones de dólares.

La cuestión va mucho más allá de la inmigración. Cuando un Estado empieza a utilizar su capacidad sancionadora de manera desproporcionada contra determinados colectivos, está ensayando una relación distinta entre el poder y el individuo. El problema deja de ser únicamente qué política migratoria se considera legítima y pasa a ser cuánto poder estamos dispuestos a conceder al Estado para castigar a quienes ha decidido convertir en una amenaza.

Sería tranquilizador pensar que Trump es una anomalía estadounidense, un accidente producido por las particularidades de su sistema electoral y por una sociedad profundamente polarizada. Pero el paisaje internacional invita a una interpretación menos cómoda. Vladímir Putin lleva años demostrando hasta dónde puede llegar un régimen que ha subordinado las instituciones a la supervivencia de su dirigente y ha convertido el nacionalismo en justificación de la violencia exterior. Benjamín Netanyahu, en un contexto político e institucional diferente, ha hecho de la seguridad nacional y de la confrontación permanente elementos centrales de su supervivencia política, mientras la devastación de Gaza ha planteado preguntas fundamentales sobre los límites del poder militar y el valor que se concede a las vidas palestinas. No son dirigentes intercambiables, ni sus sistemas políticos funcionan del mismo modo. Precisamente por eso conviene distinguirlos. Lo que comparten no es una ideología idéntica, sino una concepción del poder en la que la existencia de un enemigo permanente facilita que cualquier límite moral o institucional parezca un obstáculo inconveniente.

El fascismo histórico tenía una estética, una organización social y unas circunstancias económicas específicas. Utilizar el término para describir indiscriminadamente cualquier forma de autoritarismo puede terminar vaciándolo de significado. Pero el peligro contrario consiste en exigir que reaparezcan los uniformes, las marchas y los símbolos del siglo pasado antes de reconocer comportamientos políticos que participan de su misma tradición. El fascismo no empieza necesariamente cuando desaparecen las elecciones. Puede avanzar dentro de sistemas electorales que conservan buena parte de sus procedimientos mientras deterioran las condiciones que permiten una democracia efectiva: la pluralidad informativa, la independencia judicial, la igualdad ante la ley y, sobre todo, el reconocimiento de que los derechos del adversario son tan legítimos como los propios.

Quizá una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo sea precisamente que el autoritarismo ya no necesita presentarse como una ruptura con la democracia. Le basta con apropiarse de su lenguaje. Se habla de libertad para justificar la eliminación de protecciones, de soberanía para cuestionar derechos universales y de voluntad popular para presentar cualquier contrapeso institucional como una conspiración de élites. La democracia queda reducida a un mecanismo de legitimación electoral del poder, olvidando que su sentido más importante consiste precisamente en establecer límites a quienes lo ejercen. Una mayoría puede elegir un gobierno, pero no debería poder decidir que una minoría merece menos derechos.

A esta transformación política se ha sumado un actor que no existía en las experiencias autoritarias anteriores: las grandes empresas tecnológicas que administran buena parte del espacio donde se forma la opinión pública. Y aquí aparece una cuestión especialmente incómoda, porque muchos de sus dirigentes se habían presentado durante años como representantes de una cultura supuestamente abierta, cosmopolita y comprometida con el progreso. El contraste entre aquella retórica y su comportamiento actual resulta difícil de ignorar.

La imagen de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos ocupando posiciones destacadas en la investidura de Trump, en enero de 2025, tenía un significado que iba bastante más allá del protocolo. Reuters documentó tanto su presencia como las contribuciones económicas de Amazon y Meta a la ceremonia, además del enorme apoyo financiero de Musk a la campaña electoral republicana.

No significa que todos compartan exactamente las mismas convicciones, pero sí que buena parte del poder tecnológico estadounidense ha considerado preferible acomodarse al nuevo orden político antes que enfrentarse a él. El dinero, como tantas otras veces en la historia, demuestra una extraordinaria capacidad para reconciliarse con cualquier ideología que no amenace sus intereses fundamentales.

Lo preocupante no es únicamente esa adaptación empresarial. Las tecnológicas no son compañías convencionales que se limitan a vender productos y servicios dentro de un sistema político. Administran infraestructuras esenciales de comunicación, seleccionan qué contenidos adquieren visibilidad y condicionan la forma en que millones de personas interpretan la realidad. Cuando Meta modificó sus políticas de moderación a comienzos de 2025, reduciendo restricciones sobre determinadas discusiones relativas a inmigración e identidad de género, la decisión tuvo una dimensión política inevitable, independientemente de que se justificara como una defensa de la libertad de expresión.

Las plataformas tienen derecho a establecer sus normas dentro de los límites legales, pero resulta ingenuo considerar que esas normas son neutrales cuando afectan a una parte tan importante de la conversación pública.

Además, ni siquiera hace falta imaginar una conspiración coordinada entre empresarios tecnológicos y dirigentes autoritarios. El funcionamiento económico de las plataformas puede producir efectos políticos perfectamente compatibles con los intereses de estos últimos sin necesidad de que nadie los haya planificado conjuntamente. Los sistemas de recomendación buscan maximizar determinadas formas de atención e interacción. Y el enfrentamiento, la indignación y la provocación pueden resultar especialmente eficaces para conseguirlas. Esto no significa que todos los algoritmos promuevan necesariamente contenidos extremistas ni que los usuarios sean marionetas incapaces de decidir. Significa que existe una relación estructuralmente problemática entre una economía construida sobre la explotación de la atención y una democracia que necesita ciudadanos capaces de pensar más allá de sus reacciones inmediatas.

El resultado es un ecosistema donde los discursos más simples pueden circular con una ventaja considerable sobre los razonamientos complejos. No porque las personas se hayan vuelto repentinamente más estúpidas, sino porque los formatos dominantes favorecen una manera particular de relacionarse con las ideas. Un vídeo de veinte segundos puede convertir una cuestión histórica, económica o social en una disputa entre dos bandos perfectamente identificables. La indignación proporciona una gratificación inmediata y compartirla permite reafirmar la pertenencia a un grupo. El conocimiento exige un esfuerzo que difícilmente puede competir, en igualdad de condiciones, con la satisfacción emocional de sentir que uno tiene razón y que los demás son unos idiotas.

Y es en ese terreno donde el fascismo contemporáneo encuentra una de sus mejores oportunidades. Su gran habilidad no consiste tanto en ofrecer respuestas elaboradas como en identificar frustraciones reales y proporcionarles culpables fácilmente reconocibles. La precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda, el deterioro de los servicios públicos o la sensación de pérdida de control sobre la propia vida son problemas materiales que afectan a millones de personas. El discurso autoritario no necesita resolverlos. Le basta con convencer a quienes los sufren de que su situación tiene responsables concretos, generalmente más débiles que ellos, contra los que resulta legítimo dirigir el resentimiento.

En ese proceso desempeña un papel fundamental una forma de simplificación intelectual que se ha vuelto extraordinariamente popular. «Ni machismo ni feminismo», «ni nazis ni comunistas», «todos los extremos son iguales». Son expresiones que parecen razonables porque se presentan como una defensa del sentido común frente a los excesos ideológicos. Pero su aparente moderación esconde con frecuencia una profunda confusión moral. El feminismo, entendido como la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, no constituye el extremo opuesto del machismo. Se pueden criticar las ideas, los movimientos y sus consecuencias históricas sin renunciar a distinguir entre sus fundamentos, sus objetivos y sus prácticas.

Esta falsa equidistancia tiene una utilidad política extraordinaria porque permite relativizar posiciones extremistas sin necesidad de defenderlas explícitamente. Si todo es igualmente radical, nada merece una condena especial. Si cualquier reivindicación de igualdad puede presentarse como una agresión contra quienes disfrutan de una posición privilegiada, defender derechos se convierte en una provocación. Y si denunciar comportamientos autoritarios equivale a demostrar intolerancia hacia quienes los practican, la democracia termina atrapada en una obligación absurda: tratar con idéntica consideración a quienes respetan sus principios y a quienes aspiran a destruirlos.

Lo más interesante, y también lo más perturbador, es que buena parte de estas ideas no se difunden necesariamente entre personas que se consideran fascistas. Circulan entre ciudadanos perfectamente corrientes, que trabajan, tienen familias, mantienen relaciones sociales normales y probablemente se describirían como tolerantes. No hace falta que una persona asuma conscientemente una ideología autoritaria para empezar a reproducir algunos de sus presupuestos. Basta con que acepte una explicación deshumanizadora sobre la inmigración, que considere excesiva una reivindicación de igualdad o que termine convencida de que determinados derechos constituyen privilegios injustificados. La normalización empieza mucho antes que la adhesión ideológica.

España resulta especialmente interesante por esta razón. Seguimos siendo, en términos generales, una sociedad donde la convivencia cotidiana funciona razonablemente bien, donde las diferencias políticas no impiden necesariamente las relaciones personales y donde una parte importante de la población conserva una cultura democrática reconocible. Pero sería ingenuo interpretar esa normalidad como una protección permanente. Las sociedades no poseen una inmunidad cultural contra el autoritarismo. Sus convicciones pueden cambiar cuando las circunstancias materiales se deterioran y aparecen discursos capaces de convertir la frustración en resentimiento político.

Los datos electorales muestran que ese desplazamiento ya está ocurriendo. Un análisis publicado por El País en octubre de 2026, basado en encuestas del CIS y otras estimaciones demoscópicas, sitúa a Vox como la fuerza que más ha mejorado su posición entre los jóvenes y en determinados segmentos de rentas bajas desde las elecciones de 2023.

No significa que todos sus votantes sean fascistas ni que el voto a la derecha implique una adhesión al autoritarismo. Significa que los discursos de la derecha radical están encontrando una audiencia cada vez más amplia, especialmente entre personas que tienen razones objetivas para sentirse insatisfechas con su situación. La cuestión importante es comprender cómo se transforma esa insatisfacción en una determinada visión de la sociedad.

La vivienda ofrece un ejemplo particularmente revelador. Según un análisis de Reuters Breakingviews publicado este mismo mes, los precios de compra en España han aumentado un 26 % en dos años, mientras el crecimiento de la población y la formación de nuevos hogares han intensificado las tensiones de un mercado incapaz de responder adecuadamente a la demanda.

Para alguien que trabaja y no puede independizarse, las cifras macroeconómicas que celebran el crecimiento español pueden resultar casi ofensivas. Esa distancia entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana constituye un terreno fértil para cualquiera que ofrezca una explicación sencilla, aunque sea falsa. Es mucho más fácil señalar a los inmigrantes como responsables de la escasez de vivienda que explicar décadas de decisiones urbanísticas, insuficiente vivienda pública, incentivos especulativos y desigualdad patrimonial.

Aquí aparece una responsabilidad que no puede atribuirse exclusivamente a las redes sociales ni a los partidos extremistas. Las fuerzas democráticas también contribuyen al deterioro de su propia legitimidad cuando se muestran incapaces de resolver problemas materiales persistentes, cuando confunden la comunicación política con la gestión o cuando tratan cualquier crítica como una expresión de deslealtad ideológica. Una democracia que exige confianza sin ofrecer resultados termina debilitando los argumentos de quienes la defienden. Y sería un error pensar que basta con denunciar el fascismo para neutralizarlo, especialmente cuando sus promesas encuentran eco entre personas que sienten que las instituciones democráticas han dejado de ocuparse de ellas.

Pero tampoco conviene aceptar la explicación cómoda de que todo se reduce al malestar económico. La precariedad puede explicar la receptividad hacia determinados discursos, pero no determina inevitablemente su contenido. Una persona que no puede pagar el alquiler puede reclamar políticas de vivienda, cuestionar la distribución de la riqueza o culpar a los inmigrantes. La elección entre esas interpretaciones depende de factores culturales, políticos e informativos. Es precisamente ahí donde la tecnología ha adquirido una importancia que todavía no terminamos de comprender.

Un experimento publicado en Science en 2025, realizado sobre la plataforma X durante las elecciones estadounidenses de 2024, encontró que modificar la exposición a publicaciones con animadversión partidista y actitudes antidemocráticas alteraba de forma medible la hostilidad de los participantes hacia el grupo político contrario.

El efecto observado no demuestra que un algoritmo pueda fabricar fascistas a voluntad, pero sí cuestiona la idea de que los sistemas de recomendación sean meros espejos de nuestras preferencias. La tecnología que organiza la información también puede influir en nuestras disposiciones emocionales. Y cuando esa capacidad está concentrada en empresas privadas cuya principal obligación es generar rentabilidad, surge un problema democrático que no puede resolverse apelando únicamente a la libertad individual de los usuarios.

Hay algo profundamente contradictorio en que nuestras sociedades dediquen tantos esfuerzos a regular los procedimientos electorales y tan pocos a comprender las infraestructuras que condicionan la formación de las preferencias políticas. Vigilamos quién puede financiar una campaña, cuánto tiempo aparece un partido en determinados espacios informativos o qué obligaciones de transparencia deben cumplir las instituciones. Mientras tanto, una parte creciente de la conversación política se desarrolla dentro de sistemas de distribución cuya lógica apenas conocemos y cuyas decisiones pueden modificarse unilateralmente. El Digital News Report 2025 del Reuters Institute documentaba precisamente el desplazamiento del consumo informativo hacia plataformas sociales, vídeos y creadores individuales, con el consiguiente debilitamiento de los intermediarios periodísticos tradicionales.

El poder de influir en la conversación pública no ha desaparecido. Se ha trasladado a lugares donde resulta mucho más difícil someterlo a control democrático.

Eso no convierte automáticamente a las empresas tecnológicas en organizaciones fascistas, pero sí obliga a preguntarse por su responsabilidad cuando sus intereses económicos convergen con proyectos políticos que erosionan las condiciones de una sociedad abierta. La historia ofrece suficientes ejemplos de élites económicas que creyeron poder beneficiarse de movimientos autoritarios sin quedar subordinadas a ellos. No todas compartían sus convicciones. Algunas simplemente consideraban que sus intereses estarían mejor protegidos bajo un poder fuerte que en una democracia conflictiva. El problema de ese cálculo es que transforma la libertad política en una variable negociable mientras el negocio siga funcionando.

También deberíamos desconfiar de una tentación que aparece entre quienes observamos con alarma este escenario: considerar que el avance de la extrema derecha demuestra que una parte considerable de la población es irremediablemente estúpida. Además de constituir una explicación intelectualmente pobre, reproduce una forma de desprecio que dificulta comprender lo que está sucediendo. Las personas pueden adoptar posiciones profundamente equivocadas sin ser incapaces de razonar. Pueden actuar movidas por el miedo, por la necesidad de pertenencia, por el resentimiento o por experiencias reales de abandono institucional. Comprender esos mecanismos no implica disculpar sus consecuencias. Significa reconocer que el fascismo no necesita una población de fanáticos convencidos para prosperar. Puede avanzar gracias a la participación de ciudadanos ordinarios que encuentran emocionalmente satisfactorias algunas de sus propuestas y prefieren no examinar demasiado sus implicaciones.

Quizá por eso me inquieta más una conversación aparentemente inocente que una manifestación abiertamente fascista. Al manifestante que reivindica una dictadura resulta relativamente sencillo identificarlo. Mucho más difícil es reconocer el proceso por el que una persona que jamás defendería abiertamente la persecución de una minoría empieza a justificar determinadas discriminaciones, acepta que algunos ciudadanos merecen menos protección o considera razonable que un dirigente ignore las instituciones porque, al fin y al cabo, «alguien tiene que poner orden». En ese momento el autoritarismo ha conseguido algo más importante que ganar una discusión: ha desplazado los límites de lo que una sociedad considera aceptable.

Y ese desplazamiento rara vez se experimenta como una renuncia consciente a la democracia. Se produce mediante pequeñas concesiones morales que parecen insignificantes cuando se consideran por separado. Una broma racista que deja de incomodar, una noticia falsa que se comparte porque confirma una sospecha, una medida arbitraria que se justifica porque afecta a alguien que no nos gusta. Cada una de esas decisiones puede parecer irrelevante. Su acumulación modifica, sin embargo, las expectativas sobre cómo deben comportarse las instituciones y cómo merecen ser tratados los demás.

El horizonte lleno de fascistas que empieza a dibujarse no debería interpretarse, por tanto, como una invasión de individuos ideológicamente uniformes que llegan desde algún lugar exterior a nuestras sociedades. Es también el resultado de transformaciones que ocurren dentro de ellas, en nuestras instituciones, en nuestros hábitos informativos y en nuestra disposición a reconocer la dignidad de personas con las que no compartimos prácticamente nada. Trump, Putin, Netanyahu o los dirigentes de las grandes tecnológicas son expresiones muy visibles de relaciones de poder que merecen ser examinadas críticamente. Pero la cuestión que debería preocuparnos no termina en ellos.

Porque quizá el mayor éxito del fascismo contemporáneo consista en conseguir que muchas personas participen en su normalización sin llegar a reconocerse en él. Que puedan seguir considerándose moderadas, razonables y democráticas mientras aceptan progresivamente ideas que habrían rechazado unos años atrás. La fragilidad de una democracia no se mide únicamente por la fortaleza de sus tribunales, sus parlamentos o sus constituciones, sino también por la existencia de una cultura compartida que impide convertir al diferente en alguien prescindible. Y esa cultura no se conserva automáticamente por haber nacido en un país democrático. Se reproduce, o se deteriora, en la manera cotidiana de entender la libertad de los demás, especialmente cuando esa libertad nos incomoda.

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